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| Consejo Universitario de la UCR. Foto: UCR |
Más allá de los discursos y compromisos políticos de la Administración Universitaria anterior y actual, tal parece que estas continúan manejando la Universidad de Costa Rica como si fuera un feudo personal.
No han comprendido la enorme responsabilidad política y el compromiso ético que requiere administrar la Universidad más importante del país, particularmente en el marco de una coyuntura signada por ataques sistemáticos de grupos internos y externos que ansían acabar con la educación superior pública.
Ya hemos advertido en artículos anteriores que el “rector transitorio”, el Dr. Carlos Araya Leandro promueve la eliminación de una serie de derechos a las personas trabajadoras, particularmente de las personas administrativas, violentando la Convención Colectiva de Trabajo; como parte del Consejo Nacional de Rectores firmó acuerdos inconstitucionales que implican una reducción significativa del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y no muestra voluntad política para solucionar el histórico problema de los miles de trabajadores (as) en condición de interinazgo, aduciendo que la Institución debe ahorrar recursos, a pesar de que existen estudios académicos serios que demuestran lo contrario.
La verdadera realidad de la UCR, conocida por muy pocos debido a la falta de transparencia, es muy diferente; tras bambalinas se administran los recursos institucionales utilizando todo tipo de subterfugios no necesariamente ilegales, a conveniencia de determinadas personas e intereses.
Una muestra de ello son las circulares R-3334-2020, del 15 de junio de 2020 y la R-46-2020 del 25 de agosto de 2020, donde el Rector receta aumentos injustificados a un pequeño grupo de personas funcionarias de la Rectoría, mientras sabemos que hay personas que fueron despedidas de la UCR violentando sus derechos laborales y que hoy están pasando gravísimas necesidades económicas.
Pero esta situación de la Rectoría solo es la punta del témpano, en la Universidad de Costa Rica hay otras instancias en las que también ha ocurrido y ocurren situaciones similares a las de la Rectoría, que deben ser investigadas.
Estas investigaciones deberían ser lideradas por la Contraloría Universitaria de “mutuo propio” o a instancias del Consejo Universitario; sin embargo en los últimos años el papel de este órgano legislativo universitario ha venido a menos y no ha ejercido las funciones de fiscalización que le corresponde.
Por otra parte, en caso de que se realicen, tenemos serias dudas sobre los resultados de tales investigaciones, esto debido a que precisamente la Contraloría podría ser una de las instancias universitarias en las que se dan este tipo de situaciones, y segundo porque en los últimos años no hemos sabido que esta actúe de manera diligente y proactiva en el marco de sus competencias.
Decimos esto porque en la Institución es de conocimiento público que han ocurrido situaciones irregulares, e incluso se han presentado denuncias ante la Contraloría, pero no hemos sabido sobre los resultados de tales investigaciones, o si estas efectivamente se realizaron, sobre todo cuando involucran a autoridades universitarias.
Creemos que el Consejo Universitario, en el marco de las competencias que le otorga el Estatuto Orgánico y su propio Reglamento, debería conformar una comisión especial investigadora sobre la administración de recursos en la Institución y comunicar a la comunidad universitaria los resultados y recomendaciones.
No son de recibo las manifestaciones del Dr. Araya en el sentido de que estas “remuneraciones extraordinarias” siempre se han dado y que él simplemente le dio continuidad a una práctica de administraciones anteriores. (Ver información) No hay tales administraciones anteriores; el Dr. Araya ha sido parte de la misma Administración en los últimos ocho años.
Habrá que revisar las razones jurídicas que justifican esta situación, aunque de cualquier manera, lo que sí está claro es que esta disposición es contraria a la ética y no es bien vista por la comunidad universitaria y nacional, sobre todo en el contexto de la coyuntura actual.
La Constitución Política de la República le otorga a la Universidad de Costa Rica la capacidad de auto-administrarse; debemos asumir esa potestad de manera plena para garantizarle a la sociedad costarricense que hacemos el mejor uso de los recursos que recibimos de todos (as) los (as) costarricenses.
La Universidad de Costa Rica debe mostrar al país que tiene la capacidad de realizar los cambios y las transformaciones que se requieran a lo interno para fortalecer la Institución, en el marco de nuestra autonomía, para blindarla de los ataques infundados y evitar que sectores políticos contrarios a la educación superior pública nos las impongan.
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