César Parral postula candidatura para representar a comunidad administrativa de la UCR ante Consejo Universitario

César A. Parral, funcionario de la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de  Costa Rica

César A. Parral, funcionario de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, anunció el lunes 31 de agosto del 2020 que aspirará al cargo de representante de la comunidad administrativa de la Universidad de Costa Rica ante el  Consejo Universitario para el período 2021-2024.

César A. Parral tiene más de 30 años de laborar en la Universidad de Costa Rica. Desde su ingreso a la Institución en 1990 hasta la fecha se ha  desempeñado como profesional en comunicación en el Semanario Universidad, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y  la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, donde trabaja desde 1997.
También ha laborado en diferentes períodos en el sector privado y cooperativo.

Además de sus estudios universitarios formales, Parral es especialista en divulgación de la ciencia, nuevas tecnologías de información y comunicación, medios de comunicación y plataformas digitales, comunicación política, fotografía digital y administración de redes sociales.

César A. Parral, de 57 años, es oriundo de Llano Grande de Mora y desciende de una familia humilde de doce hermanos (as); es periodista de profesión y dirigente político por vocación social.

Cuenta con una trayectoria pública de más de treinta y cinco años en siete diferentes ámbitos: estudiantil, cooperativo, universitario, profesional, sindical, comunal y nacional.

En cada uno de ellos ha ocupado puestos de liderazgo, como estudiante de secundaria en el Gobierno Estudiantil del Liceo de Costa Rica, en la UCR como representante de la FEUCR en el XVIII Congreso Estudiantil y la Asamblea Colegiada Representativa de la UCR.

Como dirigente estudiantil primero y luego como funcionario administrativo participó activamente en dos congresos universitarios (V y VII) y recién el año paso fungió como Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, condición que aún se debate en instancias judiciales.

También fue representante de las cooperativas autogestionarias del país en el VII Congreso Cooperativo y  parte de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), entre otros.

Es co-fundador de organizaciones y asociaciones estudiantiles, grupos comunales y sociales;  movimientos políticos en diferentes períodos, tanto dentro como fuera de la UCR, entre estos destacan el "Grupo Cambio", "Grupo Unidad y Lucha", "Grupo Gente U", "Grupo Germinal", "Movimiento Alternativa de Izquierdas (MAIZ)", "Movimiento Renovación Universitaria-UCR", "Partido Frente Amplio", “Frente Universitario de Lucha por la Defensa de la Educación Superior (FULDES)”, entre otros. Actualmente no milita en ningún partido político nacional.

En su época de estudiante fue fundador y presidente de la Asociación de Estudiantes de Residencias Estudiantiles (AERE), en el sector cooperativo fue presidente del Consejo de Administración de la cooperativa autogestionaria (Arte 3 Comunicación).

En el ámbito profesional es co-fundador y ha fungido como presidente de la Red de Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (RedCyTec) y coordinador de la Red de Comunicación Científica de la Universidad de Costa Rica (RedCI-UCR). 

Como estudiante y funcionario universitario fue parte de las organizaciones sociales que dirigieron numerosas luchas políticas por  la educación superior pública y la defensa del FEES, y como ciudadano participó de manera protagónica en la Lucha del Combo en el año 2000 y en la Lucha contra el Tratado de Libre Comercio con estados Unidos en el 2007, entre otras.

En el ámbito comunal fue parte de la Alianza de Comités y Asociaciones de Montes de Oca y actualmente es presidente de la Asociación de Vecinos (as) del Residencial El Roble de San Rafael de Montes de Oca desde hace diez años y miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca desde hace seis años.

El dirigente hizo un llamado a la comunidad administrativa fortalecer la organización de la comunidad administrativa por medio de una representación que incorpore a las diferentes sensibilidades y sectores que conforman nuestra comunidad para lograr una participación efectiva en las instancias decisorias de la Institución. 

En el momento que corresponda presentará los Compromisos de Gestión 2021-2024, en los cuales espera incorporar las propuestas, ideas y recomendaciones que reciba de la comunidad administrativa.
 

Las personas que tengan interés en colaborar en el fortalecimiento de la representación política de la comunidad administrativa de la UCR, pueden comunicarse a los teléfonos (506) 8991-5709 y (506) 2273-7184, o al correo-e: parral01@outlook.es 

Más información en: https://www.facebook.com/cesarparral2020/ https://cesaraugustoparral.blogspot.com/

Consejo Universitario debe investigar remuneraciones extraordinarias

 

Consejo Universitario de la UCR. Foto: UCR

Más allá de los discursos y compromisos políticos de la Administración Universitaria anterior y actual, tal parece que estas continúan manejando la Universidad de Costa Rica como si fuera un feudo personal.

No han comprendido la enorme responsabilidad política y el compromiso ético que requiere administrar la Universidad más importante del país, particularmente en el marco de una coyuntura signada por ataques sistemáticos de grupos internos y externos que ansían acabar con la educación superior pública.

Ya hemos advertido en artículos anteriores que el “rector transitorio”, el Dr. Carlos Araya Leandro  promueve la eliminación de una serie de derechos a las personas trabajadoras, particularmente de las personas administrativas, violentando la Convención Colectiva de Trabajo; como parte del Consejo Nacional de Rectores firmó acuerdos inconstitucionales que implican una reducción significativa del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y no muestra voluntad política para solucionar el histórico problema de los miles de trabajadores (as) en condición de interinazgo, aduciendo que la Institución debe ahorrar recursos, a pesar de que existen estudios académicos serios que demuestran lo contrario.

La verdadera realidad de la UCR, conocida por muy pocos debido a la falta de transparencia, es muy diferente; tras bambalinas se administran los recursos institucionales utilizando todo tipo de subterfugios no necesariamente ilegales, a conveniencia de determinadas personas e intereses. 

Una muestra de ello son las circulares R-3334-2020, del 15 de junio de 2020 y la R-46-2020 del 25 de agosto de 2020, donde el Rector receta aumentos injustificados a un pequeño grupo de personas funcionarias de la Rectoría, mientras sabemos que hay personas que fueron despedidas de la UCR violentando sus derechos laborales y que hoy están pasando gravísimas necesidades económicas.

Pero esta situación de la Rectoría solo es la punta del témpano, en la Universidad de Costa Rica hay otras instancias en las que también ha ocurrido y ocurren situaciones similares  a las de la Rectoría,  que deben ser investigadas.

Estas investigaciones deberían ser lideradas por la Contraloría Universitaria de “mutuo propio” o a instancias del Consejo Universitario; sin embargo en los últimos años el papel de este órgano legislativo universitario ha venido a menos y no ha ejercido las funciones de fiscalización que le corresponde.

Por otra parte, en caso de que se realicen, tenemos serias dudas sobre los resultados de tales investigaciones, esto debido a que precisamente la Contraloría podría ser una de las instancias universitarias en las que se dan este tipo de situaciones, y segundo porque en los últimos años no hemos sabido que  esta actúe de manera diligente y proactiva en el marco de sus competencias.

Decimos esto porque en la Institución es de conocimiento público que han ocurrido situaciones irregulares, e incluso se han presentado denuncias ante la Contraloría, pero no hemos sabido sobre los resultados de tales investigaciones, o si estas efectivamente se realizaron, sobre todo cuando involucran a autoridades universitarias.

Creemos que el Consejo Universitario, en el marco de las competencias que le otorga el Estatuto Orgánico y su propio Reglamento, debería conformar una comisión especial investigadora sobre la administración de recursos en la Institución  y comunicar a la comunidad universitaria los resultados y recomendaciones.

No son de recibo las manifestaciones del Dr. Araya en el sentido de que estas “remuneraciones extraordinarias” siempre se han dado y que él simplemente le dio continuidad a una práctica de administraciones anteriores. (Ver información) No hay tales administraciones anteriores; el Dr. Araya ha sido parte de la misma Administración en los últimos ocho años.

Habrá que revisar las razones jurídicas que justifican esta situación, aunque de cualquier manera, lo que sí está claro es que esta disposición es contraria a la ética y no es bien vista por la comunidad universitaria y nacional,  sobre todo en el contexto de la coyuntura actual.

La Constitución Política de la República le otorga a la Universidad de Costa Rica la capacidad de auto-administrarse; debemos asumir esa potestad de manera plena para garantizarle a la sociedad costarricense que hacemos el mejor uso de los recursos que recibimos de todos (as)  los (as) costarricenses.

La Universidad de Costa Rica debe mostrar al país que tiene la capacidad de realizar los cambios y las transformaciones que se requieran a lo interno para fortalecer la Institución, en el marco de nuestra autonomía, para blindarla de los ataques infundados y evitar que sectores políticos contrarios a la educación superior pública nos las impongan.